La erdoganización de Maduro,
paso a paso.
Edgard J. González.-
Desde el confuso episodio del 24 de enero de 1848 a las afueras del
Congreso, por la tensa situación entre los partidarios del Presidente José
Tadeo Monagas y los del ex
Presidente José Antonio Páez,
liberales y conservadores respectivamente, no había ocurrido en Venezuela un
enfrentamiento que amenazara imponer un control bajo amenaza de las armas o
desconocer al Poder Legislativo,
como sucede desde el 6 de diciembre del 2015, a raíz de la contundente derrota en
las elecciones Parlamentarias del oficialismo castrochavista. El fenómeno
aluvional se sumó a la política con el Golpe
Militar del 4F92, reconducido por la vía electoral desde 1997 para
aprovechar el evidente desgaste de los
dos grandes partidos AD y COPEI, que habían ocupado el poder desde la
anterior dictadura militar (Marcos Pérez Jiménez, Nov 1948 Ene 1958), y la
insólita popularidad de quienes, traicionando sus deberes para con la Patria y
prostituyendo sus armas para torcer el rumbo democrático, intentaron deponer al
Presidente electo y legítimo -CAP-
como parte del Plan B de las derrotadas
guerrillas patrocinadas desde la dictadura estalinista cubana, para imponer
el fracasado modelo falazmente llamado socialista. Junto a un muy celestino Sobreseimiento, fue posible el acceso
al poder de la vieja y rígida ultraizquierda venezolana, que nunca asumió el fracaso de su aventura
guerrillera.
El Nominalismo que signa todas las ejecutorias del régimen, le lleva a
rebautizar todo, con la infantil intención de crear la sensación de que el
vejestorio al que cambian de nombre será considerado como algo nuevo y
distinto. Le agregan el más bien cómico
POPO a cada Ministerio (del Poder Popular), le añaden el “bolivariano” al
nombre de la República y a cuanto menjurje inventan, siendo contraproducente e irrespetuoso para la
imagen del Libertador (también adulterada, presentándolo como un bastardo),
pues todas las iniciativas del Oficialismo han ido dando tumbos, de fracaso en
fracaso, a la luz de los resultados (no del circunstancial respaldo obtenido
mediante repartos de dádivas que
logran el aplauso pero no el ascenso socio-económico de los “beneficiarios”, a
quienes mantiene en iguales o peores condiciones, en su gran mayoría). Se
autobautizan como “socialismo del siglo21”, pero se notan los hilos que manejan
este mamotreto desde Cuba, la Casa Matriz en América del Socialismo real, del
socialismo del siglo 20, el vetusto modelo que vuelve a fracasar, la misma receta
de quiebra económica y represión
generalizada, ya de museo.
El infantilismo nominalista cambió Corte por Tribunal, y Congreso por
Asamblea, pero lo único que verdaderamente cambió fue la calidad de sus
integrantes, reflejando la escogencia de los candidatos por el Oficialismo la
preferencia por la incondicionalidad en detrimento de la preparación y la
probidad. Lograron controlar la mayoría de la Asamblea Nacional en el 2005
gracias a la Abstención erróneamente convocada por la dirigencia opositora, y
en el 2010 por la aplicación de la trampa del Gerrymandering o método de la Salamandra, que permite -con el hábil
rediseño de los Circuitos Electorales en cada Jurisdicción-, adjudicar más curules al bando con menos
votos. La AN funcionó como simple caja de resonancia de las arbitrariedades
del Ejecutivo, sin ocuparse de sus tareas esenciales, que fueron delegadas en
el caudillo, siguiendo la clásica tónica estalinista. Pero la acumulación de
pésimas decisiones y arbitrariedades tenía que producir una terrible calamidad,
el “legado” de Chávez le explotó a
su sucesor (escogido en La Habana): Una creciente Escasez de alimentos y
medicinas esenciales, y también de reservas de divisas, lleva tres años
obligando a la mayoría de los venezolanos a hacer colas para obtener pésimos
servicios, insuficientes alimentos y medicinas, situación agravada por el
empeño en controlar y distribuir lo que pocos particulares producen (las fincas
y empresas en poder del régimen no
producen o lo hacen a pérdida, con exceso de enchufados en sus Nóminas y
mala gerencia, lo que incluye, aunque parezca insólito, a PDVSA).
Electoralmente eso se tradujo en la impactante derrota del 6D15, a la cual respondieron desorientados con una
orden a los militares de regresar a sus cuarteles. Ocupaban, vestidos de
civiles, la mitad de los cargos públicos, en los cuales demostraron tanta o más
incapacidad que sus camaradas, los ñángaras
civiles, ebrios de poder pero huérfanos de aptitudes y conocimientos para
gobernar el país, al que entre todos los castrochavistas condujeron a un
desastre, hoy cercano a una Crisis
Humanitaria.
No se produjo el retorno a los cuarteles, aparentemente
surgido de una reconsideración de la tozudez en aplicar el modelo económico que
el colectivismo ha impuesto todas las veces desde el primer experimento, a
comienzos de la URSS en 1917. Por el
contrario, decidieron engavetar el sentido común que esa orden implicaba, y
retomar la vía de las arbitrariedades sazonadas con viveza criolla, reforzando
los espacios donde seguían manteniendo el control, nombrando magistrados en el
TSJ, fuera de tiempo y sin cumplir los requisitos, “profundizando” la
militarización, creando la CAMIMPEG,
para ofrecerle a las FFAA el control y la administración a discreción del nuevo
Dorado, el Arco Minero hacia el cual desviaban su atención y esfuerzos, ante la
abrupta caída de los precios petroleros desde el último trimestre del 2014. La
primera insensatez, como reacción que revelaba la desorientación causada por el
tsunami electoral que les había desplazado del Poder Legislativo, fue el muy
idiota anuncio de que convocarían a la “asamblea comunal”, algo que nunca ha
existido en Venezuela, un anacronismo asociado a las atrocidades del régimen maoísta
de Pol Pot en Cambodia, en los
sangrientos años del Khmer Rouge y sus crímenes genocidas, abril 1975 - enero
1979. Esa boutade chavista sólo sirvió para dejarlos en evidencia ante el mundo
respecto de sus oprobiosas tendencias y nexos con lo peor del comunismo
ortodoxo planetario. Ahora el régimen ofrece discutir el Presupuesto de la
Nación 2017 en “asambleas populares”, y considerando que tiene más del 80% en
contra, esa discusión presupuestaria involucraría a una minoría nada
democrática y muy dogmática.
Optaron por utilizar al “Tribunal
Supremo de Justicia” convenientemente conformado con fichas identificadas con
su sectario y antidemocrático proyecto, una especie de bufete pagado con dineros de la Nación pero al servicio del PSUV,
al cual habían ampliado y ensamblado a su capricho desde que rebautizaron la
Corte como Tribunal y procedieron a colocar sus piezas en el tinglado de la
Justicia como Poder bajo su omnímodo control. Los requisitos de preparación
académica y experiencia laboral brillan por su ausencia en la escogencia de los
“magistrados” (el 23 de diciembre de 2015 ni siquiera esperaron que se
cumplieran los lapsos de vencimiento de los períodos de cinco magistrados, y
procedieron a contrabandear prematuramente a los de la Sala Electoral). Como la Oposición logró 112 diputados, la mayoría
calificada, dos tercios del total, y esa victoria había sido certificada por el
propio CNE, optaron por ordenarle al TSJ que “desproclamara” a los 4 diputados
electos en el Estado Amazonas, uno de ellos para el oficialismo, aunque la figura de la desproclamación no existe,
ni tenían basamento jurídico para hacer esa extravagante maroma politiquera.
Basados en una grabación en la que editan la voz de la secretaria del
gobernador, presuntamente organizando pagos a cambio de votos. Sin definir el
origen de la grabación, ni certificar su autenticidad, ni permitir declarar a
los presuntos involucrados, ni demostrar que las presunciones efectivamente
sucedieron. El TSJ pica y se da el vuelto. Algo totalmente inválido en
cualquier tribunal del planeta, excepto en la cínica dictadura que somete a
Venezuela. Para que no queden dudas de la descarada intención de impedir que la
AN decida sobre asuntos trascendentales, con sus dos tercios de los diputados,
llevan más de nueve meses sin ofrecer la lógica opción de que se repitan las elecciones, porque el
tsunami del 2015 y el creciente descontento social posterior a las
parlamentarias, no dejan lugar a dudas sobre la inevitabilidad de que el
oficialismo castrochavista no volverá a ganar una elección en los próximos diez
años, mientras todo el pueblo pueda expresarse libremente. Muy probablemente, en
segundas elecciones la Oposición obtendría los cuatro diputados de Amazonas.
Según la legalidad
vigente, para que ocurra un Fraude electoral, debe demostrarse: 1.
Que hubo trampas, sobornos, para modificar la voluntad popular y, 2. Que la
cantidad involucrada en el presunto fraude pueda cambiar los resultados. El
régimen afirma que la Oposición presentó al CNE firmas y huellas de presos y
fallecidos. Sólo pudieron ser recolectadas en las cárceles y en los
cementerios. Las cárceles están bajo la responsabilidad del régimen (aunque en
ellas los presidiarios hacen lo que les da la gana), y las huellas dactilares están registradas en el REP y en el SAIME, de
modo que deberían identificar a dada presunto infractor y demostrar que falsificó
la manifestación de voluntad revocatoria de un preso o de un fallecido. Además
de que sería imposible que la cantidad de firmas que recogieron los del
oficialismo encargados de producir ese elemento tramposo, alcance las
proporciones necesarias para incidir en los resultados, dado que la Oposición
entregó el 2 de mayo casi 2 millones de firmas, y el CNE, que requería 192.000, validó 1,35 millones.
El mismo CNE -con sus empleados y sus máquinas- VALIDÓ del lunes 20 al viernes
24 de junio las HUELLAS de quienes firmaron para el 1%. De manera que el
organismo a cargo de los procesos electorales, supervisó tanto las elecciones
Parlamentarias como la validación del 1%, proclamó a los 4 diputados por
Amazonas, validó más huellas que las exigidas para el 1%, y no denunció
irregularidades capaces de anular ambos resultados (más allá de invalidar
600.000 firmas con pretextos tan nimios y absurdos como que estaba mal escrita
la palabra Revocatorio, o la huella no era 100% nítida). Y los tribunales penales locales no tienen
competencia en materia electoral, mucho menos a escala nacional. Cualquier juez
con jurisdicción en un estado del país que dicte una medida en base a la cual
el CNE pretenda suspender el ejercicio de un Derecho Constitucional, está
inmiscuyéndose en asuntos que no le corresponden, para los cuales no tiene autoridad ni competencia.
Además de malgastar el tiempo entre las fases del 1% (que el art. 72 no incluye),
el 20%, y el Revocatorio, implementan las demoras, en cada procedimiento;
Habilitan menos de lo requerido, -1.355 centros de 14.515- el 9,34%, y asigna menos máquinas -5.392 al
Revocatorio nacional- y el CNE colocó 8.384 máquinas en un proceso del PSUV. Dieron tres días para recoger casi 4
millones, 26 al 28 de octubre, pero todo indicaba que se validaría el doble
del 20%, lo cual superaría los 7.6 Millones necesarios para revocar a
Maduro, no podían permitir que eso quedara demostrado desde la fase del 20%,
por lo que apelan a la burda maniobra con 5 tribunales penales. El Decreto de emergencia para dar la
impresión de que el régimen buscaba resolver el desastre causado por 16 años de
pésimas ejecutorias y sistemática destrucción de la economía, fue rechazado por
la AN pero el TSJ lo respaldó, tres veces lo prorrogó, hasta hoy no produce resultados.
El indigente esquema de repartir bolsas a través de los CLAP, no cubre ni siquiera a la quinta parte de la población (que
es la que respalda este desastre), pero obliga a los particulares que sí
producen a entregarles el 50% de los productos, equivale en términos religiosos
a “ganar indulgencias y bachaquear con escapulario ajeno”. Algunos chavistas,
con menos sindéresis, justifican abiertamente su boicot al Revocatorio alegando
que impide su “Derecho a gobernar”, contradicen
lo esencial del Derecho Constitucional del pueblo a revocar a los malos
funcionarios electos, se oponen a la Ley.
En todas las Democracias sólidas
el respeto a la Constitución es
absoluto, no depende de la conveniencia de una camarilla -temporalmente en el
gobierno-, que está en minoría Institucional y Electoral, y sólo violando el
marco legal, lo que establecen las leyes y los Derechos de los ciudadanos, se
pueden aferrar a sus posiciones de circunstancial poder. Las violaciones al
estado de derecho que ha cometido el régimen castrochavista, cipayo de la
dictadura castrista, para colmo encabezado
por un indocumentado, son tan evidentes y tan graves -cuantitativa y cualitativamente-,
que no hay la más remota posibilidad de que puedan ser ignoradas por algún
gobierno del planeta Tierra, como tampoco podrían negarse a cumplir sus
obligaciones organizaciones, como la ONU
y la OEA, que tienen entre sus primordiales objetivos el velar por el
respeto más absoluto a los principios democráticos, a las libertades y a las
leyes esenciales que rigen a la Humanidad contemporánea. El Poder Legislativo
en cada país del planeta debe manifestar su repudio al irrespeto por la
Constitución y por el Poder Legislativo, que comete el régimen castrochavista. No
hay excusas para permanecer indiferentes ante la barbarie que está implementando en Venezuela, una minoría
inescrupulosa y totalitaria.
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