Violan
vulgarmente la Constitución, el Ejecutivo, CNE y TSJ.
Edgard
J. González.-
Art. 72; Todos los cargos y magistraturas de
elección popular son revocables.
Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario, un
número no menor del 20% de los
electores inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su
mandato. Cuando igual o mayor número de electores que eligieron al funcionario
hubieren votado a favor de la revocación, siempre que haya concurrido al
referendo un número de electores igual o superior al veinticinco por ciento de
los electores inscritos, se considerará
revocado su mandato y se procederá de
inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta
Constitución y en la ley.
En el párrafo
anterior está el texto del artículo de la Constitución que establece la opción de revocar cualquier cargo o
magistratura de elección popular. No hay
excepciones para los cargos o magistraturas que sean producto de elección,
y no permite interpretaciones el
porcentaje que se requiere para solicitar la convocatoria -20%-, ni las
cantidades necesarias para que ocurra la revocación -participación del 25% o
más, igual o mayor número de votos a favor de la revocación. Eso es lo literal, lo que se desprende
de la lectura del texto. Pero hay una parte de la definición de cualquier ley o
articulado, que no aparece específicamente indicada en el texto, pero se sobreentiende por ser inherente a la
intención de su redacción, a su existencia como norma inscrita en la Carta
Magna. Es lo que se llama el ESPÍRITU de
la Ley. Lo subyacente al texto, la búsqueda del equilibrio para favorecer a
la mayoría cuando está insatisfecha con
un pésimo funcionario, la opción para sacarlo del cargo y substituirlo por
otro que, a juicio de esa mayoría, pueda
y deba hacerlo mejor (y distinto, sobre otro esquema, si es lo necesario).
Pero también forma parte -del texto y del espíritu- la condición de CELERIDAD que debe darse al trámite
para hacer valer la Ley, la prontitud en
la tramitación del ejercicio del DERECHO
que le otorga la Constitución a la CIUDADANÍA,
se sobreentiende que debe ocurrir lo más
pronto posible la instrumentación del Referendo Revocatorio, toda dilación, todo retardo, todo obstáculo,
conforma una VIOLACIÓN a escala constitucional, y quienes maniobren para
prolongar indebida e ilegalmente el proceso DELINQUEN.
Art. 26: Toda
persona tiene derecho de acceso a los
órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e
intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos
y a obtener con prontitud la
decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita,
accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable,
equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o
reposiciones inútiles.
Resumiendo; La opción de REVOCAR la otorga la Carta
Magna de la República, tanto en el texto
como en el espíritu de todas las leyes, por supuesto no excluye al
Revocatorio, no hay cabida a
interpretaciones bizarras ni a procedimientos dirigidos a retardar la
aplicación de lo que la Constitución establece. Esa “primera fase del 1%” fue añadida, igual que los lapsos para recolectar, validar y revisar
la validación, y la tardanza en fijar fecha
para el 20%, con la intención de obstaculizar,
retardar, impedir, que el referendo Revocatorio cumpla su propósito
primordial, revocar al funcionario
electo al que la mayoría rechaza. Toda actuación indebida -del CNE, del TSJ
o del Ejecutivo- desnaturaliza el
contenido y la intención de la LEY, por lo tanto son VIOLACIONES que deberían acarrear sanciones para quienes las
cometan. El Oficialismo se esfuerza en impedir que el revocatorio ocurra en el
año en que fue formalmente solicitado, y algunos del PSUV incluso tratan de evitar
que se realice el próximo año, porque en
cualquier escenario y tiempo, el régimen pierde. Los Derechos no pueden ser
ignorados o manipulados en función de la conveniencia de quienes detenten el
poder -circunstancial y temporal- y en
perjuicio de la mayoría de los ciudadanos.
Para colmo,
además de malversar el TIEMPO para
correr la arruga y reducir los daños (si el Revocatorio ocurre en 2017, Maduro
será inevitablemente revocado, pero queda la administración del Estado Nacional en manos de la misma pandilla,
algo gatopardiano y grotesco: “Permitir que algunas cosas cambien, para que
todo siga igual”), las condiciones que
arbitrariamente establece el CNE para recolectar ese 20% pendiente, imponen
dificultades que persiguen disminuir la
participación efectiva de los electores (lo opuesto a la función
medular del CNE, de propiciar la
participación del mayor número posible de electores en cualquier proceso).
Asignan menos centros (1.355
de 14.515 que hay) y menos máquinas que las requeridas, en los espacios donde la
oposición es fuerte (5 captahuellas en un centro con 40.000 electores, 5 para
otro con sólo 2.000). Buena parte de las máquinas en espacios con menor
densidad poblacional o en barrios peligrosos, donde sus propios habitantes
temen ser víctimas de intimidaciones o directas
agresiones. El CNE colocó 8.384
máquinas en un proceso del PSUV, asigna 5.392 al Revocatorio nacional. Dan apenas tres días
para recoger casi 4 millones de respaldos ciudadanos al Revocatorio contra el
inepto Maduro, y como para que no queden dudas de la mala intención del CNE,
restringen a 7 horas diarias -de 8 a
12, y de 1 a 4- el horario de atención al proceso, que mantendrá a millones una hora en la cola, esperando
mientras los “sacrificados” empleados almuerzan. Ya este abuso fue implementado para la Validación del 1%, sin
importar que las colas estuviesen repletas de ciudadanos ansiosos por refrendar
su voluntad, a las four o’clock sharp cesaban sus labores. Y las maniobras para
retardar tampoco son inéditas, ya las practicaron del 2003 al 2004*, para
impedir la segura paliza al golpista,
que en ese intermedio montó el demagógico esquema de las misiones, con la invasión cubana sosteniendo el costoso espejismo, que tuvo vigencia
hasta que se acabó la abundancia, bajó el barril y también la seducción del agente castrista indocumentado.
De manera que la
Operación MORROCOY del CNE persigue
dos cosas: 1º. Dificultar la normal
tramitación de cada fase del Revocatorio, para RETARDARLO, y 2º. Impedir la asistencia de una alta
proporción de ciudadanos dispuestos a
REVOCAR al inepto (por el
instinto de supervivencia que nos obliga a evitar los barrios peligrosos que
conforman la zona roja de cada Estado), y reducir
la Validación de quienes -a pesar de la peligrosidad del entorno- acudan a ejercer su Derecho a Revocar, por la
insuficiencia de máquinas asignadas a los Centros donde el sectario CNE sabe
que somos Mayoría absoluta (en especial en las grandes urbes, y los espacios
con mayor densidad poblacional). El sucialismo
del siglo 21 mantiene menguantes respaldos en áreas rurales y urbanas donde
los empleos dependen de las Nóminas del
Oficialismo, en las cuales hacen su agosto ENCHUFANDO a sus seguidores, o a quienes pueden chantajear con ese ingreso fijo, una
Carga negativa para cualquier presupuesto. Como guinda del pastel maniobrero
del CNE, pretenden que el 20% sea por
estado, para anular el resultado si en uno solo de los estados sus ardides
tuviesen éxito y no se alcanzara el 20%, como
si la escala nacional pudiese ser fraccionada a capricho de la obvia minoría,
en su ilegal beneficio. Con sobrado descaro Diosdado Cabello afirma que el CNE debe dar DOS HORAS en total para realizar el Revocatorio nacional. Con
cinismo, Socorro
Hernández declara: “el órgano
está apegado al "principio de celeridad" establecido en la
Constitución. "Nosotros, por ejemplo, nos reunimos en las sesiones una vez a la semana". ¿Es más
“participativo y protagónico” ese cogollo
rojo rojito, o la mayoría del pueblo
venezolano que quiere revocar al incapaz e indocumentado? ¿Exigimos respeto
a la Constitución y a nuestros derechos, o permitimos que la sigan violando a su libre albedrío y
arbitrariedad? ¿La comunidad internacional entiende las graves
irregularidades que el régimen madurista impone, o necesitan también dibujitos, para fijar su posición en defensa de la Democracia y los DDHH?
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